Juan María Atutxa fue presidente del Parlamento Vasco entre 1998 y 2005. Él y dos miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, se negaron a cumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, integrado, entre otros, por el partido político ilegalizado Batasuna.
Atutxa, Bilbao y Knörr fueron condenados por desobediencia en 2008 y quedaron inhabilitados. En junio de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por dicha actuación judicial. Este martes el Tribunal Supremo los absolvió de todo delito.
Todo empezó con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos gracias a los votos del PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista. En función de esta ley, el Tribunal Supremo ilegalizó en 2003 organizaciones abertzales como Batasuna, que fue considerada el brazo político de ETA. El mismo tribunal pidió a la Mesa del Parlamento Vasco que disolviera el grupo parlamentario del que formaba parte Batasuna, Sozialista Abertzaleak. Esta demanda fue apoyada por el PSOE y el PP. La Mesa y su presidente, el jeltzale Juan María Atutxa, se negaron.
La mesa negó tener competencias para hacerlo y argumentó que había que distinguir entre los partidos políticos y sus parlamentarios, ya que además de representar unas ideas, representan a los ciudadanos de una circunscripción. La fiscalía y el sindicato Manos Limpias se querellaron contra Atutxa y a los dos miembros de la mesa que apoyaron la decisión del presidente, Gorka Knörr de Eusko Alkartasuna y Kontxi Bilbao de Ezker Batua-Berdeak.
En 2005 el Tribunal Superior de Euskadi absolvió a los acusados, pero el Tribunal Supremo devolvió esta sentencia y el Tribunal Superior volvió a absolverlos. Finalmente, en 2007, el Tribunal Supremo admitió a trámite otro recurso de Manos Limpias. El tribunal, presidido en aquel momento por Manuel Marchena, les condenó a entre uno y dos años de inhabilitación y a una multa de entre diez y veinte mil euros.
En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la sentencia del Tribunal Supremo. Dos años más tarde de esta acción de la justicia europea, el Tribunal Supremo les absolvió este martes. Paradójicamente, el juez Llarena ha sido el que ha anulado la sentencia de desobediencia.
Este caso es un buen ejemplo de como hace ya tiempo que el Estado español trata la libertad de expresión y la disidencia política. Estos miembros de la Mesa del Parlamento Vasco defendieron los derechos de representación de los ciudadanos y también los derechos de los diputados de la cámara vasca.
Es vergonzoso que en España tengamos una ley como la Ley de Partidos. Detrás de esta ambigua ley se esconde el poder ilegalizar organizaciones que pongan en cuestión el sistema constitucional español con una palabra mágica: terrorismo. Lo estamos viendo ahora en Catalunya, pero lo hemos visto en Euskadi y en el resto del Estado. Asociaciones, activistas, cantantes, artistas, políticos… Cualquiera que vaya contra lo establecido por el Estado español puede ser censurado siendo acusado de terrorismo o de apología del terrorismo.
Los problemas territoriales con Euskadi y con Catalunya, o cualquier otro problema que cuestione el funcionamento del Estado, debe ser atajado con soluciones. Las soluciones no son más policía, más jueces o más represión. Las soluciones son más diálogo y más entendimiento.
El Resguardo 