Del pasado 25 de septiembre sólo se recuerda el espectáculo ridículo que montaron nuestros políticos en el Parlament de Catalunya. Nadie habla de la concentración que se celebró delante de la cambra catalana organizada por la Plataforma Aturem la Llei Aragonès. Como su nombre indica, la asociación busca parar la llamada Ley Aragonès (Ley de Contratos de Servicios a las Personas), que lleva el nombre del vicepresident y conseller de Economía de la Generalitat Pere Aragonès.
Esta ley, según el Govern, mejoraría los servicios sociales tales como educación o sanidad por la participación, mediante concurso público, de empresas privadas. Esto quiere decir que las empresas deberán competir entre ellas en los concursos de la administración pública haciendo buenas ofertas. Serán estas empresas las que prestarán estos servicios.
¿Qué pueden hacer las empresas para presentar ofertas más económicas? Usar materiales de menor calidad o bajar los sueldos de los trabajadores. Así funciona la competencia. Esto llevaría a una degradación de nuestros servicios públicos, los cuales garantizan derechos fundamentales como la educación o la sanidad.
La Ley de Contratos de Servicios a las Personas quedó paralizada con la aplicación del artículo 155 que suspendía la autonomía de Catalunya. El ejecutivo del president Torra la presentó en el Parlament y ningún partido político presentó enmiendas a la totalidad, excepto la CUP. Más posteriormente, Catalunya en Comú-Podem también se ha posicionado en contra de su tramitación. Esta ley toma el nombre del vicepresident Pere Aragonès, hombre fuerte de Esquerra Republicana, el cual ha sido el máximo defensor de la nueva legislación porqué corresponde a sus competencias como conseller de Economía.
Aquí encontramos una anomalía. Una ley que afecte a los servicios sociales no puede ser competencia del departamento de Economía, debería serlo del de Asuntos Sociales, Sanidad o Educación. Esto es así porqué desde el Govern se tratan nuestros servicios públicos como si fueran una empresa, sólo somos dígitos y números. Nuestro derecho fundamental a una vida digna y a una educación y sanidad de calidad no es un negocio. El negocio no es el negocio, señores consellers.
La Plataforma Aturem la Llei Aragonès advierte que esta ley afectará a más de 150 servicios públicos. Entre ellos, servicios hospitalarios, geriátricos, pediátricos, de comedores escolares, la asistencia social y los servicios de ocupación. La ley, denuncia la asociación, abre la puerta a más privatizaciones y da importancia a los precios y no a la calidad de los servicios.
Esta gran externalización es un paso más del viraje neoliberal de nuestros políticos. Nuestro sistema busca el mayor beneficio y sólo tiene una sola visión, la económica. El estado del bienestar y los servicios públicos garantizan nuestros derechos fundamentales, recogidos en cualquier carta magna europea y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
No podemos permitir que uno de los mayores logros de los movimientos sociales en Europa como son los servicios públicos sean privatizados y vendidos al mayor postor. Después oímos a los mismos que plantean todo esto hablar de poder popular y de libertad. Su democracia liberal, como diría el escritor, sólo nos da la libertad de morirnos de hambre.
El Resguardo 